El Segundo Informe de Gobierno de Claudia Sheinbaum destaca que México llega con un peso fuerte, inversión extranjera récord y finanzas públicas controladas.

Por: Óscar del Cueto García, Secretario de Finanzas de Morena

El Segundo Informe de Gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum llega en un momento que nos obliga a mirar hacia atrás. No sólo para revisar lo ocurrido durante estos dos años, sino para recordar todo lo que se dijo una y otra vez que ocurriría en México desde que comenzó la Cuarta Transformación.

Durante años escuchamos prácticamente la misma perorata: habrá crisis y devaluaciones, los capitales saldrán del país, no habrá inversión, los programas de bienestar terminarán por quebrar las finanzas públicas. Detrás de esos pronósticos había algo más que una discusión económica: estaba también la resistencia a un cambio de prioridades y a una nueva concepción sobre el papel del Estado.

Han pasado ya ocho años desde 2018. Las crisis y devaluaciones no llegaron. Y los datos actuales son particularmente incómodos para quienes nos mantenían en la crisis y la desesperanza.

Empecemos por el peso. En 2018, el tipo de cambio FIX promedió 19.24 pesos por dólar. En agosto de 2026 promedió alrededor de 17.07. Esto no significa, por supuesto, que el valor de nuestra moneda dependa exclusivamente del Gobierno Federal. Influyen las tasas, el Banco de México, los mercados internacionales y los flujos comerciales y financieros. Pero tampoco puede sostenerse que una moneda que ha resistido una pandemia, guerras, tensiones comerciales y episodios de volatilidad internacional sea evidencia del supuesto fracaso económico de la transformación.

Hay algo más importante detrás de la estabilidad y es la confianza.

Durante el primer semestre de 2026 México recibió 34 mil 968 millones de dólares de inversión extranjera directa, un máximo histórico para un primer semestre. La población ocupada llegó a 60 millones de personas y la economía creció 1.4% anual durante el segundo trimestre.

Es difícil conciliar esos números con el país en ruinas que algunos describen todos los días.

Y ahí comienza una discusión que ya no es solamente económica, sino política. Durante mucho tiempo se sostuvo que México debía escoger entre responsabilidad fiscal y política social; entre confianza de los inversionistas y recuperación del ingreso de las familias; entre estabilidad y un Estado con mayor capacidad para redistribuir. Los últimos ocho años han puesto a prueba esa disyuntiva.

Las finanzas públicas ofrecen otro contraste. Al cierre de julio, el déficit fue 268 mil millones de pesos menor a lo programado y el balance primario registró un superávit de 13 mil millones de pesos, cuando se había previsto un déficit. El Saldo Histórico de los Requerimientos Financieros del Sector Público se ubicó en 51.5% del PIB.

Además, México ha reducido su exposición a deuda externa. En 2018 representaba 23.3% del portafolio de deuda neta del Gobierno Federal; para junio de 2026 había bajado a 15.4%. El manejo de pasivos permitió eliminar vencimientos de bonos en dólares para 2027 y 2028 y reducir considerablemente las amortizaciones externas de los próximos años.

¿Y qué se hizo mientras se mantenía esa disciplina?

El gasto destinado al desarrollo social aumentó 9.2% real anual a julio. Salud creció 15.1%; educación, 8.4%; protección social, 7.9%. Al mismo tiempo, el gasto de operación distinto de servicios personales disminuyó 3.4%.

Ahí está una diferencia fundamental del proyecto iniciado en 2018: mantener estabilidad económica sin abandonar la responsabilidad social del Estado. No se trata solamente de cuánto se gasta, sino de para qué y para quién se gobierna. Ésa es, en el fondo, una definición política.

La continuidad que representa la presidenta Claudia Sheinbaum no consiste simplemente en administrar lo construido durante el sexenio anterior. Su responsabilidad es demostrar que el segundo piso de la transformación puede consolidar derechos sociales, mantener estabilidad macroeconómica y, al mismo tiempo, construir las condiciones para un crecimiento más fuerte y sostenido.

Nada de esto significa que México haya resuelto todos sus problemas en materia económica. Sería absurdo afirmarlo. Tenemos retos importantes en seguridad, crecimiento, productividad, infraestructura y servicios públicos. También existen indicadores económicos que merecen atención, como la caída de 6% real en la recaudación del ISR durante el periodo.

Pero reconocer los pendientes es muy distinto a insistir en una catástrofe que los datos simplemente no muestran.

Por eso el Segundo Informe de la presidenta Claudia Sheinbaum tiene un significado que trasciende estos primeros dos años de gobierno. Es también un corte de caja de un proyecto político que lleva ocho años sometido al escrutinio público y que, elección tras elección, también ha sido evaluado por la ciudadanía.

La oposición tiene todo el derecho de cuestionar, señalar errores y ofrecer una alternativa. De hecho, ésa debería ser su responsabilidad democrática. Pero una alternativa requiere algo más que esperar el fracaso del gobierno en turno. Requiere explicar qué harían distinto, qué políticas modificarían y, sobre todo, qué resultados podrían ofrecer a una sociedad que ya conoce dos modelos diferentes de conducción del país.

Porque después de ocho años hay una discusión que inevitablemente comienza a agotarse. Ya no basta con anunciar que el modelo va a fracasar. Hay que explicar por qué muchos de los escenarios que se presentaron como inevitables no ocurrieron.

La Cuarta Transformación puede y debe ser evaluada con rigor. También debe corregir aquello que no funciona y acelerar donde los resultados todavía son insuficientes. Pero después de tantos pronósticos fallidos, quizá llegó el momento de discutir menos sobre la catástrofe que algunos imaginaban y más sobre el país que realmente existe.

Y ese país llega al Segundo Informe de la presidenta Claudia Sheinbaum con una moneda fuerte, inversión extranjera en niveles históricos, finanzas públicas bajo control y una política social que continúa siendo prioridad y motor de cambio.

La discusión, entonces, ya no debería ser si era posible cambiar las prioridades del Estado sin provocar el desastre que durante años se anunció. Los datos han comenzado a responder esa pregunta.

Ahora el desafío político es otro: demostrar que la estabilidad alcanzada puede convertirse en mayor crecimiento, mejores servicios públicos y bienestar duradero para millones de mexicanos.

No es una promesa. Es el corte de caja.