La presidenta Claudia Sheinbaum firmó un decreto para prohibir que las plataformas digitales difundan, expongan o recomienden contenido violento, de acoso o abuso sexual a niñas, niños y adolescentes, con el objetivo de garantizar entornos digitales seguros.
Puntos Clave del Decreto
Plazo de implementación: Las plataformas tienen un mes (a partir de su publicación en el Diario Oficial de la Federación) para adecuar sus sistemas y mecanismos.
Sanciones futuras: Si las plataformas incumplen, el gobierno impulsará una ley específica para imponer sanciones (las cuales no están contempladas actualmente).
Plataformas involucradas: En la reunión participaron representantes de Meta, Microsoft, Apple, TikTok, Google, X y Huawei, quienes manifestaron su disposición de colaborar.
Seguimiento: La Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones dará seguimiento a los avances de las plataformas.
Contenidos Prohibidos para Menores de Edad
El decreto prohíbe explícitamente el acceso, exposición o recomendación de:
Discursos de odio y extremismo violento
Abuso, explotación o violencia sexual
Suicidio y autolesiones deliberadas
Trastornos alimenticios
Violencia escolar, acoso, ciberacoso y ciberbullying
Conductas ilícitas y material sexual explícito
Obligaciones para las Plataformas Digitales
Las empresas tecnológicas deberán cumplir con los siguientes requerimientos:
Seguridad desde el diseño: Garantizar la protección de niñas, niños y adolescentes de manera predeterminada.
Identificación y remoción: Retirar de inmediato cuentas o contenidos que promuevan o generen conductas violentas.
Clasificación y verificación: Clasificar contenidos por edades y verificar la edad de las personas usuarias.
Herramientas de supervisión: Proveer herramientas de control para madres, padres o tutores.
Canales de reporte: Establecer mecanismos sencillos para que los usuarios puedan reportar este tipo de contenidos.
Coordinación con autoridades:
Disponer de un punto de contacto oficial para la coordinación permanente con instituciones de seguridad.
Preservar y entregar evidencia a autoridades investigadoras en casos de riesgo.
Alertar activamente a las autoridades ante cualquier contenido que atente contra la vida.
